LEGISLACIÓN

¿Y cómo se regula el alquiler de las viviendas vacacionales?

El auge del alquiler de apartamentos de particulares y la proliferación de plataformas que actúan como intermediarios han puesto de relieve la necesidad de una revisión urgente del marco regulatorio de esta actividad.

Salón Internacional del Turismo de Cataluña. Foto: EFE.

El crecimiento de las plataformas online de alquiler de viviendas ha desencadenado la creación de un negocio, impulsado gracias a páginas web tanto de alojamiento colaborativo como de arrendamiento vacacional. Frente a esta situación, numerosas entidades han cuestionado la necesidad de una regulación específica que acote o legisle esta práctica.

Actualmente aún existe cierta indefinición en el marco jurídico de este nuevo formato de alojamiento. A nivel nacional, es la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) la que marca las pautas generales del sector; sin embargo, esta normativa no da respuesta a todas las exigencias de la industria. El pasado año, el Gobierno impulsó la regulación del sector y aprobó el Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, dejando en manos de la regulación autonómica el alojamiento privado de uso turístico. En Comunidades como Andalucía, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias esta actividad cuenta con marco jurídico, mientras que las autonomías que carecen de legislación continúan al amparo de la LAU.

Cataluña fue la pionera en regular esta actividad, en diciembre de 2012, y estableció una distinción entre apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. En Andalucía la reforma está recién salida del horno: la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta ha dado luz verde al borrador del decreto para la regulación de las viviendas de uso turístico. Esta ley, cuya aprobación está prevista después del periodo estival, contendrá una norma para explotar los inmuebles, así como el control de alquileres de casas completas en periodos de menos de un mes.

Son numerosas las instituciones que se han posicionado a favor y en contra de estas normativas

En otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid y Canarias se debate ahora. En la primera, un proyecto de ley estudia impedir el alquiler vacacional de viviendas de particulares; si entra en vigor la mencionada reforma, será necesario que los inquilinos dispongan de una licencia de alquiler para ofrecer su casa en vacaciones. En Canarias, cuya regulación en la materia data de 2010, se ha creado recientemente una plataforma para promover la aprobación de una regulación específica que establezca esta diferenciación. Son numerosas las instituciones que se han posicionado a favor y en contra de estas normativas y exigen reducir al mínimo el vacío legal al que se ven sometidas para evitar situaciones de competencia desleal.

En general, una de las principales cuestiones regulatorias que se pregunta el sector es si la responsabilidad debe recaer sobre el propietario o el intermediario. Algunos representantes hoteleros consideran que en este tipo de actividad la responsabilidad sería del intermediario.

Otro aspecto sobre la mesa de debate público es el control de las plataformas digitales para evitar que haya malas prácticas que resten reputación a su modelo de negocio. En otros países ya se ha radicalizado este discurso. Por ejemplo, Airbnb protagonizó su primera batalla legal en Nueva York y ha eliminado de su web más de 2.000 alojamientos de esa ciudad tras descubrir que no eran de particulares, tal y como exige la legislación local.

Una de las principales cuestiones a la hora de legislar estas plataformas es si la responsabilidad debe recaer sobre el propietario o el intermediario.

En este entorno, se aprecia un cambio en el marco legal del alquiler vacacional que se encuentra sumergido en un proceso de reestructuración, cuyo fin es fomentar una convivencia justa entre el turismo tradicional y las nuevas tendencias. El gran reto reside en la lucha contra la economía sumergida, sin que esto impida el desarrollo de nuevos formatos atractivos para el ciudadano.

Todos los implicados -la industria hotelera, plataformas online de arrendamiento de viviendas para uso turístico y las de alojamiento colaborativo- animan a los representantes políticos a actuar. Quienes han de dialogar con todos ellos para garantizar la seguridad del ciudadano y una adecuada definición de responsabilidades. La situación es aún más compleja, porque por ahora será necesaria la coexistencia de varios marcos jurídicos distintos, lo que no facilitará las cosas a los operadores nacionales e internacionales. En manos de cada comunidad autónoma -que aún no lo haya hecho- queda la decisión de desarrollar mecanismos para que estas prácticas dejen de ser alegales.

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Publicado en: Viajero

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